UN DÍA EN LA COP20

El evento del mes en Lima es la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático: COP20. Lo primero que llama la atención en las actividades públicas organizadas por el gobierno peruano y la ONU es la escasez de asistentes. En algún pabellón hay más voluntarios y hombres de seguridad que visitantes. En cualquier caso, el entusiasmo de algunos voluntarios es loable. Uno de ellos -estudiante de ingeniería ambiental- expresa su desilusión por no tener acceso a los salones donde se discuten los acuerdos, porque se realiza a puertas cerradas en “El Pentagonito” (Cuartel General del Ejército). Pero aclara el joven que igualmente le entusiasma participar en el congreso. 

En un punto del recorrido hay una feria donde nativos selváticos awajún y asháninka venden ornamentos. Viki, una joven awajún que ofrece telas coloridas, me confiesa que no ha vendido mucho; pero espera que conforme pasen los días valga la pena su presencia; que ella en realidad vive en Lima y no en las comunidades de sus ancestros. Me entrega su tarjeta donde figura su email y su web. En otro pabellón, con stands comerciales, encuentro una cafetería con precios muy caros. La vendedora explica que el alquiler del espacio es alto, y su jefe ha dicho que deben recuperar la inversión. Por suerte, al lado hay otro stand donde invitan deliciosas meriendas veganas. 

Finalmente atiendo unas charlas que tratan sobre desarrollo rural y energía renovable. Los ponentes son variados y aportan visiones diferentes; lo que agradezco porque evita el discurso monocorde. Un representante peruano del Ministerio de Energía y Minas explica las políticas gubernamentales sobre los asuntos del día. Su ponencia se centra exclusivamente en la electricidad. Se expresa con sentencias: “Llevamos electricidad porque es llevar el desarrollo”. También repite varias veces que los “proyectos tienen que ser rentables para ser financiados”. Imagino a J. P. Morgan diciendo cosas parecidas a inicios del siglo XX. 

En la mesa redonda participan ONG y entidades académicas. Destacan los pequeños proyectos que usan energía solar. Por ejemplo: plantas lecheras que pasteurizan con paneles solares en Arequipa; café orgánico que se tuesta con hornos solares en Cusco. También resulta interesante la ponencia del ingeniero Miguel Hadzich, profesor de la Universidad Católica (PUCP), que muestra los proyectos que impulsa con sus estudiantes. Es sincero y pragmático: “A veces vemos hornos solares muy bonitos que quedan muy bien en la foto, pero que duran un mes”. Le preocupa que existan proyectos basados en energías renovables de probada efectividad, pero sin el suficiente apoyo para consolidarse. 

No tengo una posición maniquea sobre la COP20. Coincido con algunas periodistas y políticos que afirman que la COP20 resulta algo contradictoria en la actual coyuntura peruana (cuando el gobierno está rebajando las leyes de protección medioambiental). Pero, al mismo tiempo, considero que cualquier esfuerzo para concienciar sobre la gravedad de los problemas ambientales y la implicación de los ciudadanos: sirve. Creo además que hay varios frentes para abordar el tema medioambiental: técnico, legal, político, económico, ético y social. Concentrarse en uno solo de ellos sería como cargar toda la responsabilidad de los problemas únicamente a algunas organizaciones y gobiernos, descuidando el gran impacto que tenemos todos -con nuestros usos, costumbres y consumos- en las soluciones.

LAS BUENAS INTENCIONES AMBIENTALES

“Letra muerta” es una metáfora que expresa muy bien los acuerdos incumplidos; los esfuerzos y recursos que agonizan en papeles. La enorme expectativa que genera un pacto cuando se firma se transmuta en decepción, si este se incumple. Por eso entiendo la precaución de la comunidad internacional con el último acuerdo sobre el cambio climático firmado por China y EE.UU en la cumbre Asia-Pacífico, realizada la semana pasada en Pekín.

En la gestión del cambio climático –y del medioambiente en general- los ciudadanos hemos sido testigos de foros ampulosos; de maratónicas negociaciones entre gobiernos. Nos han informado de la actuación de los lobbies y los activistas; de sus enfrentamientos dialécticos, y a veces callejeros. Hemos visto decepciones y aplausos… pero sobre todo hemos asistido al incumplimiento reiterado de los objetivos mínimos fijados por los gobiernos y las corporaciones.

Las excusas para incumplir los pactos son casi siempre las mismas: coyuntura económica;  prioridades en las inversiones; plazos más condescendientes para la adecuación de la industria… etc. Seguramente estos argumentos son certeros, pero tanto como la falta de voluntad política. Aun se sigue enfocando el cuidado del medioambiente como un gasto y no como inversión; como un problema de las regiones más pobres… o como una tarea para las futuras generaciones.

No se puede actuar más como el avestruz ante semejante reto. El problema medioambiental ya no está confinada a la Patagonia argentina o los desiertos del Sáhara. Ya no afecta solo a las mariposas Monarca o los linces Ibéricos. Se ha instalado en todas las regiones del planeta, y afecta a millones de ciudadanos, en grandes ciudades como Pekín, Madrid o  Lima. No es más un problema para el 2050, ni siquiera para el 2030. Es un problema para resolver lo más pronto posible.

Este mes de noviembre un nuevo informe de la ONU, dado a conocer en Copenhague, destacó la clara y creciente influencia del ser humano sobre el cambio climático, y advirtió que de no tomarse medidas: “su impacto será cada vez más grave e irreversible”. También este año la OMS informó que más de la mitad de la población urbana mundial está expuesta a niveles de contaminantes 2,5 veces mayor que los recomendados por ese organismo. Advirtió: “Sus habitantes están expuestas al riesgo de contraer enfermedades respiratorias y otros problemas graves de salud a largo plazo”.

El Perú, el próximo mes de diciembre, será anfitrión de la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 20), que constituye actualmente el evento más importante del mundo sobre cambio climático. Esperemos que esta vez los acuerdos que se alcancen, no solo se firmen, no solo se plasmen en sendos documentos y hermosos vídeos, sino que se cumplan y se controlen; que alguna vez los compromisos sean serios y vinculantes… por el bien de todos.

TERRITORIOS, COMUNIDADES, EMPRESAS, GOBIERNO: ¿CONCILIADOS?

Esta semana asistí en Lima a un foro nacional sobre sobre la nueva legislación que afecta a las zonas rurales del Perú, y los desafíos en este nuevo escenario. El evento resultó muy interesante por muchas razones; especialmente porque evidenció que las normas legales necesitan estos espacios de discusión y consenso, y que no se puede legislar más a espaldas de la ciudadanía. Casi la totalidad de asistentes expresaron valiosos puntos de vista para mejorar no solo leyes, sino prácticas gubernamentales y empresariales. 

El punto de partida del foro fue la Ley Nº 30230 que en el pasado mes de julio aprobó el Congreso de la República, y que tiene entre sus objetivos la promoción y dinamización de la inversión. Según el Instituto del Bien Común –uno de los organizadores del evento- dicha ley “representa la amenaza más grande para las comunidades indígenas y su derecho a la propiedad de sus tierras desde la Constitución de 1920 (…) El gobierno pretende facilitar la presencia de proyectos de inversión desconociendo los derechos y garantías establecidas en la legislación nacional e internacional”. 

Los representantes de los ministerios públicos negaron que esta ley esté orientada a las comunidades nativas campesinas e intentaron tranquilizar a sus representantes y las ONG’s que cuestionan la norma. Pero, al parecer, no lograron su objetivo. Al final del evento los participantes seguían expresando dudas y temores ante esa ley. Es más, muchos dirigentes comunales manifestaron que las nuevas medidas propiciaban un clima de conflictos, más que entendimientos. 

La congresista Verónica Mendoza, que intervino como panelista, criticó el estilo centralista del gobierno para tomar decisiones al margen de las organizaciones sociales, y su amparo a la “extracción indiscriminada de materias primas”. En referencia a la ley 30230, fue más allá del asunto técnico y replanteó el enfoque con una pregunta: "¿Es un problema legal, o es un problema político?" Remarcó las dificultades de las comunidades indígenas para regularizar la propiedad de sus tierras; y cómo, en contraste, algunas corporaciones obtienen rápidamente decretos a medida. Finalmente expresó que, aunque tiene dificultades para llevar adelante sus iniciativas, persistirá en su labor porque considera importante que el debate de estos temas se mantenga vigente. 

Coincido con los planteamientos de la congresista, especialmente con el último. La trascendencia de esta problemática en las agendas de la prensa y la ciudadanía es insuficiente. Solo se le presta atención cuando un suceso grave ocurre. Estos asuntos no deben ser observados como ajenos; como un "lío" entre comunidades y empresas… nos conciernen a todos. Por eso en aquel foro –donde había técnicos entendidos y comprometidos- extrañé la presencia de más organizaciones de la sociedad civil, de medios de comunicación masivos. 

El foro también hubiera ganado con la presencia de representantes de empresas. El diálogo -aunque a algunos líderes les parezca irrelevante- es una eficaz herramienta con muchas ventajas para todas las partes. Ya se ha demostrado que es perfectamente posible sentar en una misma mesa a organizaciones campesinas y empresariales; incluso cuando las posiciones son contrarias, o cuando se abordan temas claves como los derechos humanos. Ya ocurrió en un evento realizado el pasado mes de marzo en Lima, cuando representantes del gremio minero y dirigentes comunales pudieron dialogar y avanzar vías de entendimiento tomando como referencia los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos; en paralelo a los procesos legales. 

Coincidentemente, esta semana la primera vicepresidenta del Perú, Marisol Espinoza, reconoció durante un evento realizado en la ciudad de Madrid: “Hemos vivido de espaldas a las comunidades indígenas (…) Es necesario darles herramientas para superar la pobreza”. También destacó el papel de estos pueblos como “guardianes de la biodiversidad”. Al menos un gesto sincero de reconocimiento de la situación; un buen punto de partida para la mejora. Falsear la realidad solo contribuye a exacerbar los sentimientos grupales. Esperemos que el gobierno; gremios empresariales y comunidades rurales encuentren puntos de concordia y puedan conciliar sus intereses en un esquema de desarrollo sostenible.

ROBA, PERO HACE OBRA

Es la frase que ha generado un gran revuelo en Perú durante las últimas semanas; debates en los diarios y las redes sociales. Aunque no es una etiqueta nueva –desde hace años se asocia a ciertos políticos- esta vez incluso el presidente Humala ha condenado explícitamente estas prácticas ilegales.

El pasado domingo 05 fue elegido alcalde de Lima Luis Castañeda. Un político cuestionado porque en su anterior gestión 21 millones de soles (€ 5,7 mill. de euros) fueron birlados a las arcas del municipio en el denominado “Caso Comunicore”. Sin embargo el 50,7% de los votantes lo eligió nuevamente como alcalde de la ciudad. En otras regiones candidatos vinculados al narcotráfico o las mafias han sido elegidos.

Al margen de las consideraciones económicas o culturales que expliquen los triunfos y fracasos electorales, es muy grave esta “legalización” de una práctica que consiste en pisotear la ética y la ley, pero hacer obras que contenten a los votantes. Con sus votos, un sector de la ciudadanía parece justificar el robo por una “buena causa”; apañar comportamientos que desprecian los valores cívicos.

En este contexto es legítimo preguntar: ¿A qué precio el Perú está creciendo económicamente? ¿Cuál es el límite para decir basta? ¿Hasta cuándo los líderes institucionales mirarán para otro lado? ¿Por qué hay gente que vota a estos candidatos sin el menor remordimiento? ¿Por qué luego esos votantes se consideran víctimas, cuando son en gran medida cómplices?

Las sociedades más progresistas no son bipolares. Lima -que contiene a un tercio de la población peruana- es una ciudad con atractivos. Su pujante mercado laboral; el auge de la gastronomía; su mar; el remozado aeropuerto internacional... Pero Lima es al mismo tiempo una ciudad atemorizada por los robos y la corrupción; que convive con vigilantes privados, con parques enrejados y cercos electrificados.

Hace falta una estrategia nacional de desarrollo armónico que compatibilice el crecimiento económico con el fortalecimiento de valores; políticas que convenzan a los ciudadanos que los principios éticos no son letra muerta. En resumen: que no hace falta vender el alma al diablo para progresar.

Del oro al sol: el reto peruano

En el Perú se ha instalado un pensamiento dictador: el crecimiento económico. No se le puede cuestionar, y nada ni nadie debe oponérsele. Como si acumular riqueza arreglara automáticamente los grandes problemas nacionales. Incrementar las arcas del estado siempre es un objetivo deseable. Pero lo más importante es saber que hacer con esos recursos. Con todo, el discurso triunfalista campea no solo en los despachos del gobierno, sino en un amplio sector del periodismo y la ciudadanía; que confiada en el tiempo de las vacas gordas ha incrementado sus compras, y de paso sus deudas. 

Existe una base real que avala este optimismo generalizado. Los indicadores macroeconómicos del último quinquenio marchan bien, y se han dado ciertos incrementos salariales de los sectores público y privado. Pero los puntos oscuros aparecen cuando analizamos dos aspectos claves: ¿a que se destinan, y de donde vienen esos recursos? Porque los grandes asuntos pendientes, y que más afectan a las mayorías, siguen siendo los más básicos: educación, salud, seguridad. 

Al convertir el crecimiento económico en un tótem intocable, la más leve ventisca sirve para encender todas las alarmas. El pasado mes de julio y a raíz de una leve desaceleración de la economía, el tótem dictador ha derribado a cuatro ministros del gobierno; ha rebajado varias normas de protección medioambiental y laboral, y ha generado otras disposiciones con el objetivo de no frenar el ritmo galopante de las grandes corporaciones, especialmente mineras.

En el tradicional discurso a la nación del 28 de julio, el presidente Humala anunció medidas destinadas a enmendar falencias del modelo económico-social, destacando un aumento del 0,5% en el presupuesto anual del sector educación, y algunos programas novedosos en el sector salud. Pero, la mayoría de las nuevas disposiciones siguen estimulando el crecimiento basado en un modelo exportador de materias primas; un esquema que necesita un viraje urgente para enfrentar los nuevos desafíos del mercado global. 

El cambio de modelo es recomendado también  por  expertos internacionales como Paul Krugman. “Un exportador de materias primas como el Perú está más expuesto que otros países, como Estados Unidos o México, para afrontar problemas en China” advirtió hace unos meses.(1) También organismos multilaterales como la CEPAL han opinado respecto al Perú y Latinoamérica. “No se tomaron medidas para fomentar la diversificación de la estructura productiva y un cambio estructural hacia actividades de mayor productividad” opinó Alicia Barcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2)

El Perú necesita comenzar ya un modelo de crecimiento sostenible y fortalecer sus sectores productivos con valor agregado, que lo haga menos vulnerable a los vaivenes de los precios de los minerales, o las necesidades de cuatro compradores. No hay que olvidar que el PIB de la última década ha crecido a un impresionante promedio de 6,5% anual, en buena parte gracias a las ventas de productos mineros que en 2013 fueron el 56.8% de las exportaciones peruanas, y del petróleo y sus derivados (12.3%), según datos del BCRP y Proinversión.

Los antiguos gobernantes incas lo tenían claro; el motor económico de su sociedad era el sol, y el oro tan solo reflejaba la energía del astro. Los actuales líderes del gobierno se sitúan en el pensamiento opuesto; confían en el oro como motor de la economía y al sol le han asignado un papel secundario; desperdiciando el enorme potencial de la economía “verde”, que abarca desde el sector energético hasta el turístico. Curiosamente la unidad monetaria peruana es el sol... solo haría falta seguir este símbolo. Recuérdese: “no se puede tapar el sol con un dedo”, aunque esté cubierto de oro.

(1) Publicado en el diario El Comercio. 19.03.2014.

(2) Entrevista en el diario La República. 04.05.2014.

MENOS PIB Y MÁS FELICIDAD

El bienestar de los habitantes de un país no puede medirse más por su renta per cápita en función al PIB; es un indicador desfasado, y como todo promedio: engañoso. No puede considerarse adecuado un indicador donde Catar y Brunéi aparecen por encima de Suiza y Alemania. Por donde se mire es inapropiado. ¿De qué le sirve a un ciudadano común de São Paulo el PIB de Brasil, si su sueldo mensual no le alcanza para pagar sus facturas? ¿De que le sirve al ciudadano medio de Lima que crezcan las Reservas Internacionales del Perú -otro dato “macro” muy usado- si para tener atención médica en un hospital público tiene que soportar maltratos o sortear alguna huelga?

Medir la calidad de vida de los ciudadanos va más allá de lo económico; abarca otros aspectos integrales, de manera que se apunten a objetivos óptimos y no a los mínimos. Una herramienta que se enmarca en ese nuevo enfoque es la Felicidad Nacional Bruta (FNB), que se ha desarrollado en la pequeña nación asiática: Bután. En 2007 fue la segunda economía que más rápido creció a nivel global. En su sistema sanitario los ciudadanos pueden elegir entre la medicina tradicional y occidental. La educación es totalmente gratuita. El país aspira a convertirse en la primera nación con agricultura orgánica. Y a diferencia de otros países la democracia no llegó por presión ciudadana: fue el rey quien la introdujo. El artículo 9.2 de su constitución establece: "El Estado se esforzará en promover las condiciones que permitan la consecución de la Felicidad Nacional Bruta".

Bután esta actualmente intercambiando experiencias con Ecuador, México y Bolivia. En un encuentro realizado a principios de este mes en La Paz, la representante de Bután, Tshoki Zangmo afirmó: «La felicidad de los habitantes es el valor supremo constitucional de Bután [...] El índice de Felicidad Nacional Bruta (FNB) es más importante que el PIB, porque si el Gobierno no puede crear felicidad, no tiene ningún propósito». El representante del Banco Mundial en Bolivia, Faris Hadad-Zervos, que participó en dicho encuentro afirmó: «Experiencias en todo el mundo muestran que el aumento del PBI es necesario para el desarrollo económico pero es insuficiente. Se necesitan otras variables como las culturales, las de auto realización, de equidad y de oportunidad».

Aunque son estadistas de países del Sur los que están considerando más en serio nuevas metodologías de medición del progreso, no son los únicos. Existen políticos europeos que han aportado su punto de vista. A David Cameron se le atribuyen estas palabras: «Ha llegado la hora de que admitamos que hay más cosas en la vida que el dinero y ha llegado la hora de que nos centremos no solo en el PIB, sino en una felicidad general». También se han sumado al debate premios Nobel como Joseph E. Stiglitz y Amartya Sen, o incluso un economista como Jeffrey Sachs; de enfoques distintos a los dos anteriores. Sach, que en 2011 participó en un encuentro en Bután, afirmó: «Sin duda, deberíamos respaldar el crecimiento económico y el desarrollo, pero solo en un contexto más amplio que promueva la sostenibilidad ambiental y los valores de la compasión y la honestidad que se necesitan para generar confianza social. La búsqueda de la felicidad no debería estar confinada a Bután». (El País, 04.09.2011).

Es tiempo de tomar en serio las nuevas demandas ciudadanas. Ya no sirve la política del “pan y circo” y para muestra Brasil; donde un mundial de fútbol, que antes hubiera sido avalado por unanimidad, hoy es cuestionado seriamente. Es hora de elevar los objetivos sociales centrados en los bienes por otros que promuevan una vida más digna, basada en valores éticos y no monetarios. Gobiernos, empresas y ciudadanos estamos frente a una gran oportunidad para asumir de una buena vez el reto de vivir mejor, sin complejos y sin postergaciones.

Benditos stakeholders: el caso MRW

¿Ahora no basta la calidad? ¿También hay que atender a las ONG’s, asociaciones de vecinos, redes sociales, códigos éticos, etcétera? A veces me encuentro con esta inquietud entre algunos gerentes, y hasta un punto los entiendo. Los cambios vertiginosos en la dinámica social no son fáciles de asimilar... Pero no hay alternativa. La respuesta es sí, no basta, hay que ir a más.

La industria y los servicios siempre han ido un paso por delante de los consumidores. Por primera vez estamos observado que determinados ciudadanos y gobiernos llevan la iniciativa. Si antes los compradores reclamaban solo cuando se sentían engañados, ahora van más allá del producto; valoran el comportamiento de la empresa. No hay mayor misterio para entender lo que en teoría de la RSC se conoce como stakeholder. Un tecnicismo para referirnos a cada una de las partes interesadas en la marcha de la compañía, incluyendo los nuevos actores sociales.

Hace treinta años Edward Freeman –profesor de management- consolidó el término “stakeholder” en su libro Strategic Management: A Stakeholder Approach (1984). Como todo nuevo concepto ha ido evolucionando y el propio Freeman lo ha complementado junto a otros especialistas. Hoy en día los stakeholders constituyen los impulsores del cambio en las organizaciones; los referentes centrales de la RSC.

Una de las empresas que asume estos retos con naturalidad e inteligencia es la española MRW. La corporación dedicada al transporte ha sabido transformar las dificultades en oportunidades; las nuevas demandas sociales en motores del cambio, sin que esto signifique desatender el beneficio económico. Se ha consolidado como una exitosa transnacional que se reinventa cada año y logra crecer, gestionando bien a los stakeholders. MRW se fundó en 1977 como una pequeña empresa de mensajeros y en la actualidad es el mayor grupo del transporte urgente en España, con más de 1.300 franquicias, 2.300 vehículos y 8 aviones. Factura más de € 500 millones al año y cuenta con varios reconocimientos a  gestión. Desde 1993 destina más del 1,5% de su facturación bruta anual a proyectos sociales.

La primera vez que me acerqué a MRW fue hacia junio del 2002. En aquella ocasión visité su sede central de Barcelona para conocer a la que era una de las primeras empresas españolas certificadas con la norma SA 8000. Fue una grata experiencia. Estoy acostumbrado a que los gerentes de Relaciones Externas o Imagen Corporativa muestren siempre la “cara buena” de su compañía, pero aquella vez fue diferente; percibí coherencia y transparencia. Mientras recorría la empresa pude comprobar que algunas de sus políticas sociales que decían tener: existían, no eran simples declaraciones. Aquella empresa practicaba lo que decía y solo por eso ya era ejemplar.

Que no se crea que les ha sido fácil. La empresa ha tenido serios traspiés que superar, el mayor de ellos sucedió en 1991, cuando llegaron a España competidores estadounidenses y su volumen de negocio empezó a caer. Su entonces director, Francisco Martín Frías, tomó una decisión estratégica. En vez de hundirse por el ahogo dio un golpe de timón y propuso la transformación de las agencias propias en franquicias. Un cambio total de paradigma; incentivaron la creación de unas 400 empresas. De un día para otro los trabajadores se convirtieron en empresarios. Un éxito un rotundo. 

Cómo empezaron a interesarse en temas sociales lo cuenta el referido director en su libro El primer café de la mañana: «En 1993 el sector de los transportes en España se encontraba en plena convulsión debido a los efectos de la caída de las barreras aduaneras y toda una serie de otras circunstancias. Nos pareció el momento adecuado para impulsar una agresiva política de comunicación por medio de una campaña de publicidad en TVE con el actor Anthony Quinn. No tuvimos que esperar al final de la campaña para comprender que ése no era el camino adecuado [...] Y aún estábamos meditando hacia dónde dirigir nuestra política de comunicación cuando llegó una invitación de la Asociación de Deportistas contra la Droga para que MRW patrocinase una serie de encuentros en diversas ciudades. Casi de inmediato pudimos percibir la positiva recepción que mereció por parte del público esa nueva iniciativa. No sólo estábamos contribuyendo a una obra social necesaria sino que, como resultado de ello, la empresa generó un movimiento generalizado de simpatía».

El mismo directivo lanza ahora esta pregunta: «Piensen un momento en cómo se comunican con sus grupos de interés. ¿Les prestan la suficiente atención? ¿Tienen en cuenta sus propuestas, sus dudas, sus reclamaciones o discrepancias?» Veamos algo de lo que hace MRW al respecto.

SOCIOS: MRW concede a sus accionistas una posición central. Parte de la premisa de que la primera responsabilidad de la empresa es la sostenibilidad económica, teniendo como segunda etapa consolidar sus relaciones sociales. En palabras de su fundador: «Una vez conseguido este objetivo [económico] nos habremos ganado la confianza de los accionistas y podremos entonces plantearnos el siguiente reto. Es decir, habrá llegado el momento de compartir una visión de la empresa como un ente que no sólo permanece en constante relación con diversos grupos de interés, sino que debe conjuntamente con ellos procurar un desarrollo social. Será necesario que los accionistas estén de acuerdo en perseguir aquellos objetivos en los que prime la ética y el bienestar social, y por el contrario: descartar aquellas opciones que los alejen de estas consideraciones».

CLIENTES: MRW asume como absolutamente necesario para la rentabilidad de la empresa desarrollar una actitud orientada a entender y cubrir las necesidades de sus clientes. El segundo paso tiene que ver con un reto: «Hoy en día nuestros consumidores nos solicitan también que, como fuentes sostenibles, procuremos actuar éticamente en la prestación de nuestros servicios o productos, en concordancia con nuestro nuevo rol de agentes de cambio social [...] Es importante para el desarrollo futuro de nuestra empresa no obviar este cambio en el gusto y las expectativas de nuestros clientes». 

PROVEEDORES: «Para ser creíbles a ojos de nuestros proveedores les solicitamos que sean parte estratégica en nuestro concepto de desarrollo de negocio, les exigimos que cumplan con la legislación vigente en cuanto a las normas medioambientales, la legalidad de sus relaciones laborales y la prevención de riesgos. No obstante deberemos también comprometernos con nuestros proveedores a no demorar los pagos, no presionar la negociación de la compra de sus servicios o productos por debajo de su precio de coste para evitar con ello llevarlos irremediablemente a la asfixia empresarial» afirma Francisco Martín Frías.

EMPLEADOS: Todos los empleados de la sede principal de MRW tienen acceso a una biblioteca, sala de ocio, sala de Internet; un solárium y un gimnasio. El fundador expresa así su idea sobre el personal de su empresa: «Las expectativas de los trabajadores han ido modificándose a lo largo del tiempo, extendiéndose más allá del deseo de obtener un puesto de trabajo y mantener su continuidad en el mismo. Los empleados también se preocupan por las condiciones en las que prestan sus servicios, la no discriminación, la conciliación de su vida laboral y personal, la tipología de los contratos, los objetivos sociales de la empresa y un largo etcétera. Si se les ofrece lo anterior, los trabajadores estarán dispuestos a ofrecernos su lealtad y sus esfuerzos; y también se erigirán en nuestros mejores portavoces en todos los ámbitos en los que se relacionen».

SOCIEDAD: Es quizás su punto más fuerte. MRW ha desarrollado una serie de productos y programas destinado a diferentes sectores de la sociedad. «Si la sociedad padece problemas endémicos, está enferma económicamente y no puede satisfacer los intereses de sus integrantes, inevitablemente la empresa se verá perjudicada» razona el fundador de la corporación. «Será también necesario que publiquemos memorias sociales y medioambientales que recojan y cuantifiquen todas las acciones que hemos realizado en el marco de nuestro compromiso social. Pero no para justificar, sino para crear un histórico. En esta línea informativa de transparencia será necesaria la publicación voluntaria de la triple cuenta de resultados con o sin certificación externa» explica finalmente el director. 

Algunos datos de la acción social de MRW:

• Aproximadamente el 10% de trabajadores de MRW tiene discapacidad. 
• Mantiene convenios con más de 8.000 ONG’s a las que hace descuentos significativos en sus envíos. El año 2012 esos descuentos ascendieron a € 6.825.212 euros.
• La empresa colabora con universidades y escuelas de negocios para explicar su  gestión. También participa en eventos donde se aborda la Responsabilidad Social. Solo el año 2010 dictaron un total de 119 conferencias.
• El 2012 invirtió € 958.143 para que las personas con alguna discapacidad puedan emitir o recibir un envío gratuito al mes.
• Destinó € 811.744  (2012) para que las familias numerosas españolas puedan realizar un envío gratuito al mes.

El aikido es un arte marcial japonés que enfrenta al oponente evitando la lucha y lo derrota sin dañarlo, usando las fuerzas contrarias a favor de uno. ¿Cuánto ganarían algunas empresas aplicando solo esta idea? ¿Si en vez de resistirse al cambio, de retrasar demandas sociales... usasen esa presión externa como motor de la mejora? Hay mucho que aprender de MRW que se ha graduado como un maestro del aikido, y por supuesto como ejemplo de la RSC aplicada. Ha usado los problemas y las dificultades para dar saltos. Ha enfocado las demandas de los stakeholders como un motivador... y le ha ido muy bien.

Empresas y Derechos Humanos: cuando los acuerdos son posibles

ONG’s, gobiernos, empresas y... Derechos Humanos; hasta hace poco parecían cuatro esquinas de una mesa con tres patas. Las reticencias de uno y otro sector; los intereses contrapuestos y los líderes gremiales llevaron en muchos casos a conflictos sociales y legales con resultados insatisfactorios para todas las partes. Esta situación está cambiando y ahora existen iniciativas y estándares que intentan armonizar los intereses de todos los grupos en base a objetivos comunes. Las negociaciones no son fáciles, pero se demuestra que los acuerdos sobre la mesa son posibles.

Los denominados Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos -basados en la Carta Internacional de DDHH y en principios de la OIT- constituyen un estándar fiable para evaluar, gestionar y legislar la actuación de las corporaciones en esta materia. Este marco regulatorio de carácter universal es el más completo hasta la fecha y abarca a todos los estados y empresas, independientemente de su tamaño, sector, ubicación o propiedad.

La semana pasada en un foro sobre Empresas y Derechos Humanos organizado por Socios-Perú en la ciudad de Lima, pudimos conocer los avances en la implementación de los Principios Rectores de la mano de Alexandra Guáqueta, Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Empresas y DDHH de la ONU. El evento logró reunir en una sala, además de los expertos de Naciones Unidas, a empresas financieras y mineras, ONG’s, embajadores de países europeos y expertos con buena disposición al diálogo y el consenso. Un evento donde se podía aprender, enseñar y discrepar sin que ello signifique quebrar el clima de cordialidad.

El foro también fue una muestra inequívoca que se avanza no solo en aspectos técnicos y legales; sino también en otros no menos importantes como la actitud y la disposición a los proyectos conjuntos. El encuentro demostró que los consensos no están hechos solo de cifras y números; de intereses y transacciones; sino de componentes sociales más sutiles como un clima de confianza que a veces se descuida, enfrascados los gremios en defender posiciones a ultranza, cual generales y ejércitos dispuestos al combate.

Lo que sí extrañé en estos diálogos –y lo mencioné públicamente- es la escasa importancia otorgada a la participación de la sociedad civil en el tema, cuando debiera ser el principal socio y fiscalizador de estos avances. Algunos ciudadanos y activistas están demostrando su implicación social al margen de las tradicionales organizaciones que solían representarlos. Entienden que las consecuencias de los problemas sociales atañen a todos, y las responsabilidades también. El ciudadano global es un actor clave que explica los actuales cambios económicos, políticos y culturales en la cambiante dinámica de la sociedades.

En el Perú actual, con innegables avances económicos, los retos en materia de Derechos Humanos y de los llamados DESC (Derechos Económicos Sociales y Culturales) son todavía importantes; igual que en toda América Latina, donde persisten los problemas de inequidad a pesar de las mareantes cifras de crecimiento y PBI. Es probablemente el gran reto latinoamericano: lograr que los beneficios alcancen a las mayorías, y que los indicadores de la calidad de vida no se basen en mínimos, sino en metas loables. La forma en que las empresas y los gobiernos asuman este reto determinará el rumbo de la sociedad, que finalmente será el de todos los sectores.

SOSTENER LAS SOSTENIBLES

La energía eólica ha sido la mayor fuente de electricidad durante todo un año para una nación. Y se ha logrado en España, el 2013. Un hito histórico y mundial; una noticia trascendental que no ha merecido la suficiente atención de la prensa local e internacional. Según datos de Red Eléctrica de España la eólica ha suministrado el 20,9% de la demanda eléctrica total, superando a la nuclear (20,8%). Los que sí han destacado este hecho han sido los directivos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

Los detractores de las energías renovables –básicamente lobbies que defienden intereses de algunas transnacionales nucleares y petroleras- deben estar preocupados por este avance. Los datos contundentes que cada año nos traen las energías “verdes” confirman su innegable capacidad para generar electricidad más barata y segura. Ya Thomas Becker -consejero delegado de la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA)- advirtió a mediados del año pasado: “La industria eólica es casi tan competitiva como la convencional. Le está arrebatando cuota de mercado a los combustibles fósiles”.

La excelente noticia parece un gancho al mentón de las diez mayores empresas energéticas europeas -entre ellos Iberdrola y Gas Natural Fenosa de España- que en octubre pasado se quejaron al gobierno europeo de  Bruselas: “El aumento de la producción de renovables está actualmente expulsando del mercado otras tecnologías” lamentó Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural Fenosa. Y el presidente de la empresa GDF-Suez, Gérard Mestrallet, se atrevió a solicitar: “pedimos incluso detener o reducir dramáticamente los subsidios a las renovables”.

Las afirmaciones de las diez corporaciones son totalmente opuestas a las de Thomas Becker (EWEA): “La Agencia Internacional de la Energía tiene cifras que dicen que las energías fósil y nuclear reciben hasta seis veces más ayudas que las renovables en forma de rebajas fiscales e incentivos. Además, están los gastos que no se incluyen en la factura, como el daño al medio ambiente”. En la misma línea la AEE, donde paradójicamente también participa Iberdrola, opina que el sector eólico está sumamente perjudicado frente a las otras energías. “¿Cómo se explica que el sector eólico, primera fuente de energía autóctona de España, y que aporta el 20% de nuestra electricidad sea el más perjudicado? se preguntó López-Tafall, presidente de AEE.

Entendemos que las corporaciones que protestaron por el apoyo a las energías renovables se vean amenazadas y quieran explotar al máximo sus antiguas infraestructuras y su capacidad instalada. Legalmente tienen derecho a intentarlo. Pero el coste económico y social está resultando demasiado alto. En el camino están perjudicando la economía de millones de hogares; contaminando y degradando el medioambiente. Por el contrario, y según la AEE, la energía eólica cubre las necesidades de electricidad de 10 millones de familias españolas. “Cada Kwh. producido con energía eólica tiene 21 veces menos impacto medioambiental que el producido por el petróleo, 10 veces menos que el de la energía nuclear y 5 veces menos que el gas”.

Y por si fueran pocas las razones para apoyar a las renovables, se da el caso que en España las empresas de energía no están cumpliendo un rol social, todo lo contrario. Solo el 2013 subieron las facturas cerca al 4%; pero ya entre el año 2006 y el 2011 las tarifas eléctricas se habían incrementado cerca al 70%, la subida más alta de la Unión Europea. El actual ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria, admite la incapacidad del gobierno para enfrentarse a esta situación: “Las empresas que actúan, los operadores, suelen ser juez y parte... El sector de la energía eléctrica es, si me permiten la expresión, endiabladamente complicado por una superposición de normativas de todos los Gobiernos”.

Thomas Becker de la EWEA opina: “España era un país que antes dependía mucho de las importaciones energéticas y su gobierno tomó la decisión de romper con esas dependencias a través de las energías renovables. Y ha sido un éxito espectacular... Y por eso es extraño ver cómo el actual Gobierno, por razones ideológicas, intenta acabar con ese proyecto, es incomprensible". De acuerdo: los cambios deben ser progresivos, mediante mecanismos de transición. De acuerdo: debe existir una coordinación con todos los sectores involucrados. Pero, lo que no se debe hacer es retroceder los avances realizados, arrinconar a las energías renovables y favorecer a las que ya están en período de obsolescencia.