11 diciembre, 2012

Nuevas leyes para viejas democracias


El Imperio de la Ley es un dogma de origen medieval que ha servido para sustentar la justicia en Occidente. Pero ya es hora que ese Imperio se reconvierta en un Estado, y de talante democrático; porque es evidente que está muchos pasos por detrás de las necesidades sociales. Cuanto más retos se plantean a la legislación que nos rige, más evidente se hace la necesidad de una renovación. Cuanto más problemas se presentan a las democracias europeas, más impostergable se hace su reformación en democracias democráticas.

“Desde mediados del siglo XX y tomando como hito cronológico de partida la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se ha intentado encontrar fórmulas de entendimiento en la solución pacífica de los conflictos que la misma dinámica social genera entre individuos o Estados. Lamentablemente, cinco décadas más tarde aún no hemos logrado dicho objetivo» nos dice el magistrado y profesor de Derecho Santiago Vidal, en su ponencia redactada para un congreso internacional celebrado en Madrid (07.12.2012).

«Nuestros dirigentes políticos con responsabilidades de gobierno tienen que entender que la enseñanza y la sanidad pública son una prioridad absoluta […] y si no lo entienden, debemos hacer todo lo necesario para que lo comprendan» añade Vidal en la misma ponencia, aludiendo esta vez directamente a la situación en España, donde los recortes sociales están quitando derechos civiles a los ciudadanos. Pero el magistrado no solo mira la paja en el ojo ajeno, también hace autocrítica. «Los jueces hemos confundido independencia con autismo, hemos vivido hasta ahora en una burbuja de cristal» apunta en su conferencia. Aunque también vislumbra cambios esperanzadores, y pone como ejemplo la posición adoptada por un sector mayoritario de los jueces frente a la ley hipotecaria de España.

El cambio de actitud aludido por Vidal, se expresa en un informe público donde los jueces hablan claro: «A lo largo de la última década el exceso de confianza motivado por las burbujas inmobiliaria y financiera, unido al sueño de tener un hogar propio y a la mala praxis de las entidades bancarias, se ha traducido en una generalizada extensión del crédito hipotecario sin valorar las posibilidades reales del deudor, y en la comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos [...]. A estas alturas ya nadie discute que las entidades bancarias no han sido ajenas al estallido de la burbuja económica que ha generado la crisis y en no pocas ocasiones han actuado con cierta ligereza en la concesión de créditos hipotecarios. A pesar de ello disponen de una importante ventaja frente a cualquier acreedor: un procedimiento privilegiado para el cobro de créditos hipotecarios creado en 1909».

En el citado congreso, Vidal fue más allá de los aspectos puramente legales: «El riesgo de exclusión social de cada vez más ciudadanos es inminente» advirtió. «No puede ningún poder legislativo, ningún parlamento desoír a un millón de ciudadanos» manifestó en referencia a las iniciativas que agrupaciones civiles presentan y son completamente ignoradas por los gobernantes de turno. Y respecto a los políticos acotó: «Ellos son nuestros representantes y nuestros delegados... ¿Cómo pueden hacer oídos sordos a nuestras demandas?»

No necesitamos permiso para ser libres; Somos radicales porque vamos a la raíz; No somos antisistema, el sistema es anti-nosotros; No falta dinero sobran ladrones; Error de sistema, reinicie, por favor... son algunas frases ingeniosas, pero con mucho fondo, que escribieron los ciudadanos españoles en las manifestaciones de los últimos meses en toda España, y que se asemejan mucho a las ideas expresadas por el juez Vidal, con otras palabras y matices. El magistrado y la organización a la que pertenece -Jueces para la Democracia- parecen coincidir en los asuntos esenciales con los grupos de ciudadanos que reclaman una democracia más participativa y una equidad en el reparto de la riqueza.

Este lunes la Unión Europea recibía en Oslo el Premio Nobel de la Paz, en medio de la peor crisis financiera que ha enfrentado en su medio siglo de vida. El presidente del Consejo de la UE, Herman Van Rompuy, reconocía ante el auditorio que la paz, por muy meritoria que sea, está amenazada por los problemas sociales. «Familias que llegan a duras penas a final de mes, trabajadores que han perdido su puesto de trabajo, estudiantes que temen que, por mucho que lo intenten, no encontrarán su primer empleo… En un momento en que la prosperidad y el empleo -las piedras angulares de nuestras sociedades se ven amenazados- es natural que los corazones se endurezcan, que nuestros pensamientos sean más mezquinos, que se reabran antiguas fracturas y reaparezcan viejos estereotipos» manifestó Van Rompuy.

Efectivamente; se puede premiar a Europa por la paz, si tomamos como referencia la Segunda Guerra Mundial. Pero se le puede reprobar en democracia si evaluamos la última década, cuando Europa ha experimentado un retroceso en la calidad de vida y la participación de sus ciudadanos en las decisiones centrales. La luz de Europa peligra, las voces de Sócrates y Platón; de Kant y Montesquieu; de Russell y Eco, parecen extraviarse en las brechas crecientes entre las élites y las mayorías.

03 diciembre, 2012

El caso Telecinco: Goliat contra David


Hasta ahora no se había dado en España una amenaza de estas características. Sí en otros países donde la libertad de expresión y los derechos civiles están más arrinconados. Un gigante de las telecomunicaciones ha enjuiciado a un ciudadano por sus opiniones en un blog, y solicitado su encarcelamiento más 3,7 millones de euros como indemnización. Telecinco, la empresa demandante, acusa al bloguero de promover una campaña en contra de un programa de TV –La Noria- y sus empresas patrocinadoras. El “Caso Telecinco” y su resolución, se ha convertido en uno de los más interesantes episodios de la Responsabilidad Social: corporativa y ciudadana.

Pablo Herreros, el periodista y bloguero que inició la campaña partía de una idea básica y concreta: «Pagar a un criminal, o a un familiar suyo, por hablar en la televisión del delito me parece una monstruosidad [...] una de las perversiones de valores más indeseables para nuestra sociedad» Asi Herreros iniciaba una serie de notas públicas y cartas de reclamo a Telecinco, donde se emitía La Noria. Al no encontrar respuesta a su petición y como medida de presión optó por publicar la lista de los anunciantes del aludido programa, entre los que se encontraban conocidas corporaciones y la empresa estatal RENFE.

La iniciativa del periodista fue avalada por miles de ciudadanos, y las empresas fueron retirando la publicidad de dicho programa hasta su desaparición. Según el bloguero: «Las marcas respondieron de forma muy responsable; las acciones de Telecinco cayeron un 25% en la Bolsa durante la crisis; desapareció el cheque en blanco de las marcas a las cadenas en su compra de publicidad, y las televisiones aprendieron a escuchar a la gente que opina de sus productos en redes sociales». Según Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset (empresa propietaria de Telecinco) la iniciativa era: «Una injusticia poco común que fue organizada como si mañana los hackers atacan el Pentágono». Telecinco demandó al bloguero. Sin embargo, debido al inmenso apoyo ciudadano que tuvo Herreros, tanto en las redes digitales y webs -como change.org donde firmaron 170.319 personas- como en las notas que publicó el diario El País, Telecinco retiró la demanda en poco menos de una semana para evitar mayores daños.

Lo que parece desproporcionado es en primer lugar la abismal diferencia de medios económicos y recursos mediáticos entre el coloso Mediaset y un ciudadano con una página web. El segundo aspecto cuestionable es la magnitud de la pena solicitada, incluyendo cárcel, por un derecho reconocido en la legislación española como es la libertad de expresión y de opinión. El tercer agravante en la denuncia de Telecinco es su evidente afán “ejemplarizador”; su pretensión de dar un escarmiento. El gran despliegue que dio al  juicio el diario El País no parece casual. El Grupo Prisa -socio de Mediaset España con el 17,34 % de acciones de la empresa- publicó durante 3 días consecutivos noticias vinculadas a la demanda en su primera plana, apodando a Herreros “el  boicoteador”. Algunos lectores objetaron a El País el titular tendencioso al calificar de boicoteador, cercano a saboteador,  a un periodista que solo había promovido una campaña ética.

Telecinco alegaba que se había atentado contra sus intereses empresariales. Según esta lógica cualquier huelga tendría el mismo efecto. Quizás los directivos de Mediaset desearían su ilegalización, en la línea que se ha manifestado Esperanza Aguirre (alto cargo del actual partido gobernante). Otra imputación que se le hizo al bloguero fue que boicoteó a una empresa. El boicot, en cualquier caso no es una práctica ilegal en España. Los dos partidos políticos más importantes también han realizado boicots a medios de comunicación, y le han llamado “vetos”. El PSOE en febrero del 2007 boicoteó las entrevistas a Telemadrid por la “manipulación informativa” practicada por dicha cadena. Y, en marzo del 2007, el PP anunció un boicot al Grupo Prisa, y se negó a atender «todas las convocatorias de entrevistas, tertulias y programas» controladas por su entonces presidente, Jesús de Polanco, al no estar de acuerdo con unas declaraciones políticas realizadas por el empresario.

“Mediaset España está formada por un conjunto de empresas dedicadas al desarrollo de negocios vinculados con el sector audiovisual” declara el grupo ítalo-hispano en su página web: Efectivamente, basta ver su Directorio para comprender el enorme entramado financiero y empresarial que está detrás. Alejandro Echevarría, actual presidente de Mediaset España es también consejero de Consulnor y Endesa. Consulnor es una gestora de patrimonios cuyos accionistas principales pertenecen a la Banca March. Endesa es, como se sabe, una de las mayores empresas eléctricas del mundo y la principal multinacional privada de Latinoamérica. Manuel Polanco Moreno, además de Vicepresidente el Consejo de Administración de Mediaset, es consejero de la comisión ejecutiva del Grupo Prisa (editora de El País). Pier Berlusconi -otro consejero de Mediaset- es hijo de Silvio Berlusconi, accionista principal de Mediaset condenado recientemente en Italia a 4 años de prisión, e inhabilitado para cargos públicos por un delito de fraude fiscal.

Mediaset España, en su informe de Responsabilidad Social Corporativa, declara que: «Se mantiene en los primeros puestos de gobierno corporativo del Ibex 35 según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa». También se jacta de que permanecer “En la Lista de Empresas elegibles para invertir de forma socialmente responsable elaborada por Triodos Bank». Asegura que: “Mediaset España refleja su compromiso con la emisión de contenidos televisivos responsables a través del cumplimiento del Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia para el fomento de contenidos responsables y el respeto y protección a los derechos de niños y adolescentes” Telecinco, paradójicamente, es conocido por sus contenidos  escandalosos y controversiales. El informe de Responsabilidad Social Corporativa de Telecinco está avalado por la consultora Pricewaterhouse Coopers International Limited (PwCIL). 

Los anunciantes de Telecinco han emitido una carta pública donde se defienden: «Planificamos nuestras campañas publicitarias según la audiencia de cada cadena, de forma totalmente independiente de la línea editorial y actividades empresariales y jurídicas de cualquier medio de comunicación». Lo que están diciendo con otras palabras es: No nos importa ni como ni donde, con tal de vender nuestro producto nos da igual el medio... Parece que a partir de ahora debería importar mucho más el medio. No solo eso, les sugiero ser los primeros en liderar las inquietudes éticas de la ciudadanía; estar un paso por delante y no dos por detrás, como parecen ir ahora.