07 junio, 2009

ORO NEGRO EN EL VALLE VERDE

La actuación de algunas empresas petroleras en Perú están generando serios cuestionamientos a su ética social y medioambiental. Los sucesos van desde el soborno a políticos del gobierno aprista, hasta atentados ecológicos contra el ecosistema de comunidades nativas.

A fines del año 2007 La Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes (FECONACO) presentó una denuncia documentada contra la compañía Pluspetrol por un derrame de petróleo en un área protegida de la selva peruana. Lo grave era la compañía incurría en la misma falta por sexta vez en ese año. El 2006 también generó otro vertido en el río Corrientes que contaminó el ecosistema del lugar y dañó la salud de 8.000 personas de pueblos indígenas, mayoritariamente de la etnia Achuar.

El año 2008 un programa periodístico destapó un escándalo nacional al difundir grabaciones de conversaciones -que luego fueron conocidas como el Caso “Petro-audios”- donde se reveló un negocio ilegal entre altos funcionarios del gobierno para entregar la concesión de cinco lotes petroleros a la compañía noruega Discover Petroleum. Además de pagos y tráfico de influencias, el entonces premier Jorge del Castillo admitió que el lobbista dominicano Fortunato Canaán, representante de la empresa Discover Petroleum, fue recibido a fines de abril del 2008 en Palacio de Gobierno por el presidente Alan García. Un gran escándalo político que provocó la salida de todo el gabinete de ministros. Las grabaciones se pueden encontrar en la página web Wikileaks.org

Mientras escribimos este artículo otro conflicto de grandes proporciones se libra entre la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y el gobierno, que involucra indirectamente a las empresas petroleras. Alberto Pizango, representante de AIESEP manifestó en el diario La República que los mapas oficiales del Ministerio de Energía y Minas demuestran que los lotes petroleros están superpuestos su territorio. Por si fuera poco, el ejecutivo emitió una serie de decretos legislativos, entre los que destacan el Nº 1017 y Nº 1090, que modifican las formas de inversión privada y el desarrollo de actividades económicas en las tierras de las comunidades campesinas. Según analistas y políticos de la oposición, gran parte de estos decretos se han promulgado para adecuar las leyes peruanas al tratado de Libre Comercio firmado con los EE.UU. y son claramente ilegales porque incumplen el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según la Red Autónoma de Comunicación Ucayali las empresas petroleras que están operando activamente la amazonía, en conjunto con Perú Petro, son: Pluspetrol Norte, Korea National Oil Corporation, Daewoo Internacional, SK Corporation, Maple producction, Burlington - Conocophillips, Repsol, Petrobras, Barret, Hunt Oil Company, Occidental, Petrolífera, Sapet, Pan Andean, CCP, Hocol, Amerada Hess,, Cepsa, Talismán, Discover, entre otras.

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