España se halla inmersa en una serie de escándalos de corrupción que parecen “estallar” uno tras otro, sin fin. Solo en el primer mes de este año se han destapado tres sonados casos. Primero el desvío de fondos ilegal del partido CiU en Cataluña. Después, el descubrimiento de una cuenta en Suiza, con hasta 22 millones de euros, perteneciente a un ex tesorero del PP. Y la semana pasada: pagos exorbitantes a una escritora ficticia por parte de la Fundación IDEAS (PSOE). Los focos de la prensa se centran en los políticos y la ira de los ciudadanos también. Pero, ¿estos cuantiosos y elaborados fraudes son cosa de cuatro políticos?
El sesgado y sensacionalista enfoque que ofrece la prensa tradicional -más centrada en guillotinar cabezas que en cuestionar las prácticas corruptas- tampoco contribuye a encauzar una salida. Los grandes medios de comunicación parecen interesados solo en los grupos políticos y poco en los grupos empresariales que los financian. Y, según testimonios de políticos y testigos que declaran estos días, el dinero “negro” proviene de financiadores externos, en quienes la prensa parece no querer fijarse.
Un ejemplo que puede ilustrar una turbia conexión entre la política y una gran corporación es precisamente el caso de Rodrigo Rato, citado por los jubilados. Rato (importante miembro del PP) fue presidente de Bankia y bajo su mandato la entidad fracasó; tuvo que ser nacionalizada para impedir su caída. Rato está imputado judicialmente por presuntas irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia; delitos de falsificación de cuentas, y administración desleal. Su prestigio está tan cuestionado, que en diciembre del 2012 la revista Businessweek publicó un artículo (The Worst CEOs of 2012) donde nombran a Rato como 5 peor directivo del año.
Y en medio de este escenario: Telefónica incorpora a Rato como consejero para Latinoamérica y Europa. Según informa el diario Público (04.01.2013): “Durante su mandato al frente del Ministerio de Economía y Hacienda (1996-2004), Rodrigo Rato dirigió la privatización de la que era la Compañía Telefónica Nacional de España”. Y añade El País sobre Rato: “era vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía en el Gobierno de José María Aznar cuando Alierta (actual presidente de Telefónica) fue nombrado presidente de Tabacalera” (04.01.2013).
En España se está volviendo una practica habitual que altos funcionarios del estado -en sectores estratégicos como: sanidad, energía, telecomunicaciones, defensa etc.- al terminar su mandato, o incluso antes, sean contratados por empresas que poco antes estuvieron bajo su control, o que fueron beneficiadas por decretos, subsidios, compras o privatizaciones. ¿Son prácticas legales? Hasta el momento sí. Pero es obvio que la presunción de inocencia parece excesiva en muchos casos.
Visto lo visto, no parecen desencaminados los jubilados estafados que protestan frente a Telefónica. Están yendo más allá de su problema particular, buscando una mayor transparencia y ética en las empresas y la política; en la sociedad en general. Le pregunto al hombre mayor de Gran Vía si él es cliente de Telefónica, me responde que sí, pero que muy pronto se cambiará de compañía.
Finalmente, cabría hacer un ejercicio de reflexión y autocrítica. ¿Cómo es posible que haya tantas personas corruptas en los ámbitos más importantes la sociedad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad social en este problema? ¿Basta con criticar o enojarse frente a la corrupción? ¿Qué estamos haciendo para detenerla? ¿Cómo romper el eje de la corrupción? Preguntas sin respuestas uniformes, pero necesarias y urgentes de plantearse.
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