Entre la hiel y la miel; los gobernantes latinoamericanos transitan estos tiempos los extremos frente a las corporaciones y su actuación social; especialmente en sectores energéticos y mineros. La nacionalización de Repsol-YPF en Argentina y de Red Eléctrica de España en Bolivia, ha puesto sobre el tapete la tensión existente entre las grandes empresas, los gobiernos de América Latina y sus ciudadanos.
Las últimas reacciones de patrioterismo entre los gobiernos de Argentina y España esconden realidades más complejas que un simple forcejeo entre “buenos” y “malos”. La prensa tradicional tampoco contribuye a esclarecer las razones más profundas de estos acontecimientos; prefiere quedarse en el anecdotario. Ciertamente el peso político de algún gobernante latinoamericano parece excesivo; pero este hecho no debería esconder lo crucial que es la gestión de una multinacional del petroleo-gas y su injerencia en un país de 40 millones de habitantes como Argentina; o el rol de una corporación que transporta la energía eléctrica en un país con las características de Bolivia.
Los gobiernos latinoamericanos tienen comportamientos distintos respecto a la actuación social de las grandes corporaciones. No se les puede meter en un mismo saco, como un representante del PP español lo hacía recientemente y hablaba de “esos países” en una errónea -y desafortunada- generalización. El Nóbel de economía Paúl Krugman escribía en un post: “las noticias sobre Argentina son casi siempre muy negativas, en tono: son irresponsables, están re-nacionalizando algunas industrias, son populistas” (03.05.12); aludiendo al doble rasero con que se presentan algunas noticias. Esta misma semana el gobierno español nacionalizó Bankia -una de las principales entidades financieras del país- por considerar su situación riesgosa y clave para la estabilidad de la economía, y nadie se rasgó las vestiduras, ni acusó de estatista al gobierno español.
Ollanta Humala, presidente peruano –que en su época de candidato cuestionaba la actuación de las transnacionales- ha pasado a apoyarlas incondicionalmente, asumiendo un papel de cuasi defensor frente a ONG’s y sectores que cuestionan a determinadas mineras. Similar es el caso de Rafael Correa en Ecuador, quien según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE): “Aunque en un primer momento el discurso del Presidente de la República fue nacionalista... en los hechos el gobierno ha delegado su desarrollo a capitales transnacionales... las políticas del gobierno dan continuidad y amplían el modelo extractivista y contaminante”.
Sebastián Piñera (presidente chileno) –y conocido empresario poseedor de una de las mayores fortunas de su país- apoya de manera irrestricta las actividades empresariales, sin importar su relación con los stakeholders o su impacto medioambiental, como en el caso del cuestionado proyecto HidroAysén que construirá 5 centrales hidroeléctricas en la región de Aysén (sur de Chile) y constituye el proyecto energético más importante de ese país en toda su historia. Movimientos ambientalistas y sociales impugnaron legalmente el proyecto, pero el pasado mes de abril la Corte Suprema de Chile falló a favor del mismo. En proyecto HidroAysén participan Endesa (de España) y Colbún (de Chile).
En Brasil, la situación es ambigua. El gobierno se debate entre el incentivo a las empresas y la regulación de la gestión social y medioambiental. En abril el congreso aprobó un nuevo código forestal que contempla, entre otros puntos, la disminución de hectáreas de bosque que deben ser protegidas y elimina la obligación de las empresas de reforestar las áreas que hubieran sido taladas hasta el 2008, aunque hayan sido talas ilegales. Según publica BBC Mundo (24.04.2012) el investigador y profesor del instituto holandés CEDLA, Fabio de Castro opina: “Este código es más una propuesta de los grandes propietarios que están en los negocios de la agroindustria (biocombustibles) y sin duda puede fomentar la deforestación”. La ley actualmente solo puede ser vetada por la presidente Dilma Rousseff.
En otra línea, El gobierno de Panamá instaló el viernes pasado una mesa de trabajo con representantes de los siete pueblos indígenas del país para fomentar el desarrollo integral y resolver conflictos por las explotaciones mineras e hídricas en los territorios indígenas. (BBC Mundo, 12.05.2012)
En Bolivia, donde la posición de Evo Morales es clara, las opiniones de la ciudadanía están divididas. “Tendríamos que aprender de la nacionalización de las minas de 1953, cuyos efectos fueron un fiasco, dice el editorialista de “El Diario” de Bolivia, pero en su generalización olvida el hecho que alguna privatización como la del agua en Cochabamba en 1999 fue otro fiasco. Recuérdese que, impulsada por el Banco Mundial, la multinacional Bechtel firmó un contrato con el presidente electo para privatizar el servicio de suministro de agua, desencadenando una serie de revueltas sociales, con pérdidas de vidas humanas.
En todo caso, las nacionalizaciones o privatizaciones, los daños ambientales, los conflictos sociales existentes en Latinoamérica, demuestran que algunos modelos de gestión empresarial no están en sintonía con las demandas sociales; que algo no funciona en la RSC de esas grandes empresas. Que no bastan estrategias de marketing o reputación corporativa para tener el favor de las comunidades y los gobiernos. Que la praxis es mucho más importante que la teoría, a pesar de lo que digan algunos teóricos que analizan la Responsabilidad Social Corporativa a través de informes académicos, o la reducen a charlas de café.
